El pasado jueves 14 de septiembre se suscribió en la ciudad de Concepción un convenio entre el Foro por la Imparcialidad Judicial y las Libertades Fundamentales y la Fundación Víctimas del Terrorismo Chile.

Mediante este convenio ambas organizaciones cooperarán en la atención de las víctimas para el estudio e interposición de acciones judiciales para la investigación y persecución judicial de delitos de lesa humanidad, en especial de delitos de desplazamiento forzado de personas, en las Regiones del Bío-Bío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos y sectores aledaños.

En dichas regiones y sus alrededores es posible comprobar la existencia de ataques armados sistemáticos en contra de la población civil efectuados por grupos armados con control territorial y capacidad de procurarse impunidad.

La persecución de las personas responsables no se puede circunscribir a las personas que realizan los ataques contra la población civil de propia mano, sino que debe extenderse necesariamente y en forma prioritaria a las personas que detentan jerarquía en las organizaciones armadas y en los autores mediatos del nivel político, así como quienes cooperan con ellos.

La Ley 20.357 establece en su artículo 9°: “Artículo 9º.- Será castigado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, el que, sin derecho, expulse por la fuerza a personas del territorio del Estado al de otro o las obligue a desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del mismo, concurriendo las circunstancias descritas en el artículo 1º.”

Por su parte el artículo 40 de la misma ley establece que la acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben.

En la actualidad ambas organizaciones se encuentran trabajando con un número importante de víctimas que han sido desplazadas, con sus familias, de los lugares y comunidades en donde nacieron, se criaron y estudiaron, trabajaron y planificaron realizar su vida. Son también ochenta y ocho las víctimas fatales contabilizadas.